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Congreso desencarpetó informe que limpia a César Álvarez
A pesar de que la justicia lo busca, para el Congreso, César Álvarez no ha cometido delito. (Foto: Juan Ponce)

GERARDO CABALLERO (@gcaballeror)
El Congreso decidió ayer desencarpetar las investigaciones que la Comisión de Fiscalización realizó a los gobiernos regionales de Áncash y Cajamarca, justo cuando sus respectivos presidentes, César Álvarez y Gregorio Santos, afrontan serios problemas judiciales.
Y por fin ayer en el pleno, el presidente de la comisión, Vicente Zeballos, de Solidaridad Nacional (SN), sustentó ambos informes. Sin embargo, debió suspender su exposición cuando explicaba las conclusiones sobre la gestión de Áncash: En el documento no se señalaba ninguna responsabilidad penal a César Álvarez o a sus funcionarios, a pesar de que la fiscalía acaba de solicitar su detención.
Zevallos precisó que el informe fue aprobado en la comisión bajo la gestión de su antecesor, Gustavo Rondón (SN). Este parlamentario explicó que la conclusión exime de responsabilidad penal al presidente regional de Áncash porque así lo decidieron los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Las irregularidades
Sin embargo, en el cuerpo del informe se detalla una serie de irregularidades en la ejecución de obras públicas, cuya supervisión se encargó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), lo que permitió al gobierno regional saltarse todos los procedimientos de control.
En el documento se analizan diez convenios que el Gobierno Regional de Áncash y la OEI suscribieron entre el 2007 y el 2012, los cuales involucran proyectos por un total de S/.1.066’388.378. Por estos convenios, la gestión de Álvarez pagó a la OEI S/.19’891.255,05.
El caso más estudiado en el informe es la ampliación del estadio Rosas Pampa. En el documento se recoge el informe de la Contraloría General de la República, para quien César Álvarez y los funcionarios Germán Martínez Cisneros, Paul Valverde Varas y Miguel Ángel Segura Timoteo, concertaron con el supervisor de la obra, Wladimir Rojas Palomino, y el ejecutor, José Manrique Fernández.
Por ello, el órgano de control y la Primera Fiscalía Anticorrupción de Áncash señalan que todos ellos cometieron los delitos de colusión desleal y peculado doloso.
Lo extraño del caso es que la obra representó un gasto de S/.41’729.436, pero fueron transferidos S/.64’747.808. ¿Adónde fueron a parar los casi S/.23 millones de diferencia?
Ello no importó a los congresistas Alejandro Aguinaga (FP), Mauricio Mulder (CP), Luis Iberico (APP), Rogelio Canches (GP), Mariano Portugal (PP) y Josué Gutiérrez (GP), quienes votaron a favor de las conclusiones que limpian a Álvarez.
¿Qué dicen las conclusiones?
La primera conclusión de este informe señala: “No se han podido establecer hechos que configuren la realización de alguna conducta típica”.
Menciona que estos casos han sido investigados por la fiscalía de Áncash y han sido archivadas “al no existir tipicidad en los hechos investigados”. No se habla de los nexos de Álvarez con la fiscalía.
El documento añade que esta situación “reviste la calidad de cosa juzgada y en consecuencia no amerita investigación penal”.
Gregorio Santos, en cambio, no tuvo la suerte de Álvarez en la Comisión de Fiscalización. El informe sobre su gestión, también desencarpetado ayer, recomienda denunciarlo por los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación.

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