Apristas ‘“darán batalla’” en subcomisión para salvar de inhabilitación a García

Javier Velásquez Quesquén adelanta que pelearán para evitar sanción política a su líder. Exministro Aurelio Pastor presentará acción de amparo y denunciará a congresista Tejada.
Para el aprista Javier Velásquez Quesquén, el informe final de la Megacomisión será aprobado por el Pleno del Congreso y llegará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se definirá el futuro político de su líder, el expresidente Alan García.
Velásquez Quesquén indicó que es “predecible” que el Pleno apruebe el documento. Por esa razón, aseguró que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales defenderán con argumentos jurídicos la improcedencia de la acusación constitucional planteada por la Megacomisión.
 
“Este informe lo van a aprobar (en el Pleno del Congreso) el gobierno, sus aliados y sus satélites. Ayer, en un debate, han demostrado esa voluntad. En la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) nos defenderemos con argumentos jurídicos y razonables”, declaró.
Para él, el informe final no tendría rigor jurídico y el otorgamiento de conmutaciones e indultos es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República y que los mismos no se conceden a personas inocentes sino a condenadas, porque supone un perdón de la pena.
PASTOR Y SU ACCIÓN DE AMPARO
Luego de enterarse de que también será acusado por infracción a la Constitución al firmar como ministro de Justicia las conmutaciones de pena a condenados por narcotráfico, el aprista Aurelio Pastor indicó que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial para anular la investigación y denunciará al congresista Sergio Tejada.
El extitular de Justicia señaló que anteriormente no pudo presentar dicho recurso porque no conocía el contenido del informe final. Además, indicó que nunca fue citado por la comisión investigadora. “Se han violentado todos mis derechos fundamentales”, manifestó.
En respuesta, el presidente de la Megacomisión sostuvo: “Si voy a ser denunciado por fiscalizar o por investigar presuntos actos de corrupción, que me denuncien”. El nacionalista explicó que los fundamentos de toda denuncia constitucional son de carácter político.
EL DATO: Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), aclaró que la atribución presidencial de conceder indultos y conmutaciones de pena no puede ser ejercida de manera indiscriminada porque generaría un sistema judicial paralelo y un ejercicio arbitrario del poder