Expresidente tiene que acudir hoy a declarar en calidad de testigo a la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima sobre el sonado caso de Business Track.
El juego a las escondidas ha terminado para el expresidente Alan García, y hoy está obligado a acudir a rendir su declaración -esta vez como testigo- ante la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, que ve el caso Business Track (BTR), a fin de aclarar su relación con el exgerente de dicha compañía incursa en interceptaciones ilegales, Elías Ponce Feijóo.
García fue convocado también, en dos oportunidades anteriores como agraviado por el referido tribunal de justicia para ofrecer su testimonio a la Sala. En ambas ocasiones, el exjefe de Estado argumentó, a través de sus abogados, diversas “explicaciones” para “justificar” sus inasistencias a las citaciones judiciales.
Para la segunda convocatoria, programada el 21 de agosto, desistió en ser considerado como parte agraviada, al punto de atreverse a indicar que sus declaraciones “no aportan mayores luces” en dicho caso. Adujo que, “como hombre público y político, no se considera agraviado” por la interceptación de sus comunicaciones.
En cuanto a LA PRIMERA citación, fijada para el pasado 12 de agosto, García se limitó a informar al Colegiado, a través de un documento entregado por su defensa que, coincidentemente, debía apersonarse al 51º Juzgado Penal de Lima, para atender un hábeas corpus, por el caso de la matanza del penal de la isla El Frontón.
En ese sentido, el procurador anticorrupción del caso BTR, Alex Guerrero, recordó a LA PRIMERA que el Código de Procedimientos Penales establece la facultad a la autoridad jurisdiccional de requerir de grado o fuerza al testigo que se rehúse acudir a las citaciones judiciales, como puede ser el caso del exmandatario Alan García. “Eso es lo que establece la Ley y el Código. Sí, claro (la Sala podría dictaminar el requerimiento de Alan García). Y no solamente para él, sino para cualquier testigo”, subrayó.
Guerrero fue enfático en recalcar que la ley es aplicable para todos, y ninguno puede estar exceptuado de ella, sea éste un exjefe de Estado, un exministro o cualquier alto funcionario del Estado.
“Estamos en un Estado constitucional de pleno derecho en el que las normas no hacen distingos de ningún tipo (para su aplicación). Y tampoco hacen discriminación (sobre nadie). Por lo tanto, toda persona que es citada a un proceso judicial tiene la obligación de concurrir (a éste), salvo que demuestre estar delicado de salud o estar imposibilitado (físicamente) de hacerlo. O que esté en el extranjero”, puntualizó.
De igual modo, advirtió también que todos los actores involucrados en este caso (como la Fiscalía, Procuraduría Anticorrupción, y las partes en conflicto) pueden demandar la presencia compulsiva del testigo refractario o rebelde.
El defensor del Estado especificó, igualmente, a título personal, que todo funcionario público tiene que acudir a las citaciones policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo a las investigaciones que sean realizadas. “Todos los funcionarios públicos que trabajan para el Estado, cualquiera sea su nivel, tienen que ir a declarar si es que son citados para una pesquisa, porque es parte de la democracia y del Estado de Derecho”, enfatizó.
En la referida Sala se desarrolla el juicio contra los directivos de la empresa Business Track, compañía denunciada por un presunto espionaje telefónico contra funcionarios del Estado, políticos, empresarios, periodistas, entre otros.
García debe declarar sobre dos aspectos principales: reconocer sus correos electrónicos encontrados en las computadoras de Ponce Feijóo, y aclarar sobre presuntos vínculos con este último acusado y una eventual manipulación de la investigación de este caso.
Ponce Feijóo afirmó que, en el 2005, el entonces candidato presidencial, Alan García, le pidió personalmente “chuponear” a su contendor directo, Ollanta Humala Tasso, actual presidente de la República.
Canaán
El caso BTR sirvió para conocer también las denuncias sobre presuntos “negociados” que habrían sido concertados entre el controvertido empresario dominicano, Fortunato Canaán, y el expresidente Alan García. Los mismos que se habrían saldado con el supuesto pago de coimas para favorecer al primero con licitaciones de diversas obras públicas. Y está debidamente comprobado que ambos personajes se reunieron en múltiples ocasiones, en Palacio de Gobierno, hecho que reconoció, en su oportunidad, el propio García.
Los USBs
Otro hecho oscuro que involucra a Alan García con el caso BTR fue la escandalosa manipulación y borrado de cuatro USB de la ejecutiva de dicha compañía, Giselle Giannotti, ocurrida durante la diligencia policial realizada el 8 de enero de 2009, por el entonces jefe de la Dirección Nacional AntiDrogas, Miguel Hidalgo.
Precisamente, esta cuestionada acción fue reseñada en un informe en minoría de la comisión parlamentaria investigadora de este caso.
Al respecto, el ministro del Interior de ese entonces, Remigio Hernani, refirió que Miguel Hidalgo “actuó bajo las órdenes del entonces presidente Alan García; y todo lo que hacía en torno al caso le comunicaba al mandatario saliente”, apuntó. En junio del presente año, durante el juicio oral por el caso BTR, el exoficial de inteligencia de la Marina, Carlos Tomasio, narró que durante una de las diligencias policiales -en la Dirandro-, en la que se revisaba el material incautado, se pudo oír la voz del expresidente, Alan García, en uno de los audios interceptados.
Rómulo León
El exministro aprista Rómulo León, otro de los antiguos “amigos” del expresidente Alan García, sostuvo que durante el juicio por el caso BTR el líder aprista manchó su honor al llamarlo “rata”. “García usó todo su poder para tenerme encerrado”, aseguró en una pasada entrevista exclusiva a LA PRIMERA.
Consultado en aquella ocasión sobre su opinión personal de Alan García, León fue contundente: “Yo no voy a ir andando, diciendo de él esto o lo otro. Pero García me va a conocer. Le voy a responder políticamente cuando salga. Lo voy a destruir”.
Incluso se dio el lujo de desafiar su autoridad y amenazar con confrontarlo, al interior del Partido Aprista. “Ese concha… ha cagado (sic) al APRA, ha cagado (sic) a todos… Por culpa de ese concha… solo cuatro congresistas ha sacado ahora el APRA. Ha destrozado el partido”, enfatizó.
Alberto Químper
Durante el juicio por el caso BTR, el exdirectivo de PerúPetro y procesado por el caso de los ‘petroaudios’,
Alberto Químper, reveló una serie de fuertes acusaciones contra el exjefe de Estado, Alan García, que confirman las graves denuncias de corrupción atribuidas a su segunda administración gubernativa. La más grave de ellas es la que lo acusa de haber ganado más dinero con los negociados que el propio exasesor Vladimiro Montesinos.
“García ha levantado más plata que Montesinos. Claro, Montesinos se alió con el narcotráfico, ahí ha ganado mucho. Y García no se mete con el narcotráfico por miedo a los gringos”, anotó Químper en una reciente entrevista a LA PRIMERA.
GAMARRA. POR ESO EXMANDATARIO SE RESISTE A DECLARAR
Teme manchar su falsa aureola presidencial
La resistencia extrema del expresidente Alan García a declarar ante la justicia peruana, sea en calidad de agraviado o testigo, responde a su temor de afectar su falsa aureola de exalto funcionario del estado peruano, afirmó a LA PRIMERA el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra.
“Creo que aquí existe un cálculo político del expresidente Alan García. Lo que él quiere es no verse en la foto parado ante un Tribunal de Justicia. Él no quiere dar pie a que haya un comentario de naturaleza política-partidaria, respecto a un interrogatorio al que no quiere verse sometido”, subrayó.
Gamarra señaló también que si bien las preguntas que se le formularán sobre el caso BTR se circunscribirán a un tema específico y concreto, es evidente que por los interrogatorios efectuados a otros testigos e implicados, “es posible que lo requieran por otros asuntos en los que no va a estar dispuesto a hablar”.
“Es evidente que García quiere evitar conocer sobre el caso BTR y eludir cualquier vinculación jurisdiccional con este caso”, enfatizó el exprocurador
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