La celeridad es uno de los requisitos primordiales del debido proceso, pues los intervinientes esperan del Poder Judicial la solución oportuna de sus casos, la que debe ser la labor principal de los magistrados.Ellos son preparados para entender que los procesos tienen que ser ágiles, rápidos, formales y efectivos.
Pero parece que en el Perú, el principio de celeridad no funciona. A los jueces y a los abogados de las partes comprometidas en las demandas les interesa alargar lo máximo posible los juicios, sobre todo cuando de por medio hay peces gordos o autoridades comprometidas con actos de corrupción.
La Corte Superior de Cañete está tomando protagonismo en estos últimos tiempos, no solamente por el caso de sus resoluciones sobre la sede regional, sino porque allí están pendientes de resolver casos emblemáticos, en donde los actores son dos prominentes figuras políticas que estarían comprometidas con actos de corrupción pero que misteriosamente los Vocales, llamados a administrar justicia a nombre de la Nación, se hacen los desentendidos o no quieren chocar con ciertas amistades, atentando contra una correcta administración de justicia y evitando sancionar drástica y ejemplarmente a quienes han actuado de la forma incorrecta, agraviando los recursos del Estado.
¿Cómo puede ser posible que, no obstante el tiempo transcurrido, los magistrados que tienen en su poder el expediente contra Ulises Eduardo Rodríguez Lázaro, hasta la fecha no se pronuncien y sentencien de una vez por todas al ex alcalde de Yauyos y que hoy realiza funciones de Consejero Regional?
La opinión pública ve con desazón que existan esta clase de magistrados indiferentes que dejan mucho que desear y hacen pensar mal al ciudadano de a pie.
El retardo en dictar sentencia de parte de estos magistrados cañetanos, impide que se suspenda en sus funciones en forma inmediata a este Consejero Regional y luego se proceda a vacarlo definitivamente
amigos
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