Los revendedores, obviamente, afectan la caja de las empresas concesionarias, pero también perjudican la calidad del servicio de los usuarios formales, reducen la recaudación del Estado
y las oportunidades de recibir internet que tienen quienes viven en
localidades aún no cubiertas (se estima que su penetración en hogares del país llega a 25.5%, según INEI 2013).
No cabe duda de que el internet es clave para el desarrollo del país, pues en promedio aporta el 1.9% del PBI
de los países en desarrollo (McKinsey, 2012) y su penetración se
relaciona directamente con el crecimiento del PBI, la creación de empleo
y el nivel de ingresos en los países de la región (CEPAL, 2013). En
nuestro país, ha pasado de 1.2 a 1.5 millones de usuarios entre 2011 y
2012, lo cual sería una excelente noticia si no fuera porque de un año para otro la piratería ha crecido en 40%, llegando a ocupar nada menos que 24% del mercado.
A través de contratos de concesión, obviamente, se debe
poner metas de expansión exigentes, pero si no logramos controlar la
expansión de la informalidad, difícilmente se logrará masificar este
servicio. Más allá de realizar campañas de valores
y educativas, tan necesarias para que la gente cambie de actitud, hay
varias medidas que desde el gobierno se pueden/deben evaluar:
¿Debe prohibirse la reventa de internet o más bien establecerse una licencia para hacerlo?
¿Se pueden fijar topes a la cantidad de equipos a conectar, tras lo cual OSIPTEL puede presumir que se trata de piratas?
¿Pueden establecerse topes a los niveles de descarga a ser realizados por los usuarios?
El MTC y OSIPTEL tienen la palabra.
A TRAVÉS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN, OBVIAMENTE, SE DEBE PONER
METAS DE EXPANSIÓN EXIGENTES, PERO SI NO LOGRAMOS CONTROLAR LA EXPANSIÓN
DE LA INFORMALIDAD, DIFÍCILMENTE SE LOGRARÁ MASIFICAR ESTE SERVICIO
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