Expertos advierten que se baja la valla para promover ingreso de capitales en la sierra y la selva sin respetar derechos comunales.
Alerta verde. El decreto facilita la venta de terrenos comunales al disminuir el porcentaje de aprobación de los comuneros.
La receta para acabar con el perro del hortelano que el presidente Alan García ideó en un amplio artículo muy a su sazón es aplicada en un paquete de normas. Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano un decreto legislativo suscrito por el Jefe del Estado en el que se autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de solo el cincuenta por ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin.
Con este nuevo dispositivo se baja enormemente la valla para las empresas, en desmedro de la protección de derechos de campesinos y pueblos indígenas, pues se modifica la ley 26505, que exigía la votación de los dos tercios (66.6%) de los miembros de la comunidad.
"Definitivamente, esto representa un grave atentado contra territorios indígenas, según los instrumentos internacionales –como el Convenio 169 de la OIT– que exige al Estado mantener el territorio indígena en forma íntegra", dijo el abogado Vladimir Pinto López de la ONG Racimos de Ungurahui.
El polémico decreto Nº 1015 señala que "para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales, se requeriría el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente".
Al amparo de esta norma, las compañías hidrocarburíferas y mineras pueden aducir que cuentan con el permiso de las comunidades para iniciar operaciones si logran convocar a sus adeptos en una asamblea, sin importar si se trata de la mayoría de los miembros calificados de la comunidad.
"Con esto se trae abajo la mayoría calificada en las comunidades para desprotegerlas y favorecer las inversiones. Es una afectación al derecho de propiedad de los indígenas y campesinos", opinó por su parte Ana Leyva, de la Red Muqui.
LA LEY DE LA SELVA
En su artículo "Receta para acabar con el Perro del Hortelano", el Jefe del Estado advirtió que iba a aprobar una norma con estas características para que, al igual que en la costa, los comuneros de la sierra dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa". Desde su visión empresarial, García incluyó en el paquete a las tierras de la selva.
El abogado Pinto consideró que el decreto tiene relación con la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación, conocida como 'la Ley de la Selva' porque de un modo u otro facilita el ingreso de grandes capitales.
"Lo que están haciendo es abrir el camino para la inversión en proyectos de biocombustibles en la Amazonía. Todo esto es parte de un paquete de normas que se aprueban con el mismo propósito", manifestó el abogado.
Un motivo más para el paro
El secretario general delegado de la Confederación Campesina del Perú, Melchor Lima Anco, rechazó el decreto legislativo Nº 1015 y anunció que en el paro del 9 de julio convocado por la CGTP las organizaciones campesinas participarán para exigir la derogación de esta polémica norma. "Estamos preocupados porque no se pueden aprobar leyes para destruir los derechos de las comunidades campesinas", señaló.
El abogado Vladimir Pinto manifestó por su parte que puede presentarse una acción de inconstitucionalidad contra el decreto debido a que se encuentra en conflicto con los instrumentos internacionales que el Estado peruano ha suscrito en defensa de las poblaciones indígenas. También explicó que otra salida legal sería la presentación inmediata de una acción de amparo en los juzgados ordinarios.
Alerta verde. El decreto facilita la venta de terrenos comunales al disminuir el porcentaje de aprobación de los comuneros.
La receta para acabar con el perro del hortelano que el presidente Alan García ideó en un amplio artículo muy a su sazón es aplicada en un paquete de normas. Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano un decreto legislativo suscrito por el Jefe del Estado en el que se autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de solo el cincuenta por ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin.
Con este nuevo dispositivo se baja enormemente la valla para las empresas, en desmedro de la protección de derechos de campesinos y pueblos indígenas, pues se modifica la ley 26505, que exigía la votación de los dos tercios (66.6%) de los miembros de la comunidad.
"Definitivamente, esto representa un grave atentado contra territorios indígenas, según los instrumentos internacionales –como el Convenio 169 de la OIT– que exige al Estado mantener el territorio indígena en forma íntegra", dijo el abogado Vladimir Pinto López de la ONG Racimos de Ungurahui.
El polémico decreto Nº 1015 señala que "para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales, se requeriría el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente".
Al amparo de esta norma, las compañías hidrocarburíferas y mineras pueden aducir que cuentan con el permiso de las comunidades para iniciar operaciones si logran convocar a sus adeptos en una asamblea, sin importar si se trata de la mayoría de los miembros calificados de la comunidad.
"Con esto se trae abajo la mayoría calificada en las comunidades para desprotegerlas y favorecer las inversiones. Es una afectación al derecho de propiedad de los indígenas y campesinos", opinó por su parte Ana Leyva, de la Red Muqui.
LA LEY DE LA SELVA
En su artículo "Receta para acabar con el Perro del Hortelano", el Jefe del Estado advirtió que iba a aprobar una norma con estas características para que, al igual que en la costa, los comuneros de la sierra dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa". Desde su visión empresarial, García incluyó en el paquete a las tierras de la selva.
El abogado Pinto consideró que el decreto tiene relación con la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación, conocida como 'la Ley de la Selva' porque de un modo u otro facilita el ingreso de grandes capitales.
"Lo que están haciendo es abrir el camino para la inversión en proyectos de biocombustibles en la Amazonía. Todo esto es parte de un paquete de normas que se aprueban con el mismo propósito", manifestó el abogado.
Un motivo más para el paro
El secretario general delegado de la Confederación Campesina del Perú, Melchor Lima Anco, rechazó el decreto legislativo Nº 1015 y anunció que en el paro del 9 de julio convocado por la CGTP las organizaciones campesinas participarán para exigir la derogación de esta polémica norma. "Estamos preocupados porque no se pueden aprobar leyes para destruir los derechos de las comunidades campesinas", señaló.
El abogado Vladimir Pinto manifestó por su parte que puede presentarse una acción de inconstitucionalidad contra el decreto debido a que se encuentra en conflicto con los instrumentos internacionales que el Estado peruano ha suscrito en defensa de las poblaciones indígenas. También explicó que otra salida legal sería la presentación inmediata de una acción de amparo en los juzgados ordinarios.
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