BURRADAS DEL APRA, Fueron degollados por negligencia de jefes policiales

En su momento la tragedia del 5 de junio no nos permitió analizar por qué el operativo de desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, terminó con 11 policías degollados, de un total de 24 agentes y nueve nativos muertos. Ayer, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, trató de desacreditar las denuncias periodísticas sobre presunta negligencia de su sector afirmando que "los periodistas debemos basarnos en documentos y no en especulaciones".
Pues Correo consiguió el documento suscrito por el mayor PNP Wellington Gómez Medina -jefe policial de la Estación Nº 6 de Petroperú- con los dirigentes nativos tres semanas antes de los sucesos de Bagua. Se trata de un "pacto de no violencia" firmado el 13 de mayo por ambas partes: el jefe policial y los dirigentes de esa zona, quienes desde el 9 de abril habían tomado las instalaciones de Petroperú. El documento aludido demuestra que los 38 policías relevados posteriormente en helicópteros de la propia PNP se encontrarían bajo estrictas "reglas de conducta" impuestas por los manifestantes e informadas oportunamente a su comando. Entonces, ¿quién dio la orden para iniciar el operativo en estas condiciones? ¿Por qué no se consideró a los policías de la base petrolera Nº 6? ¿Quién asume la responsabilidad de este fracaso?

Herederos de un acuerdo. El documento, denominado "Acta de Acuerdo Comisión Comité de Lucha Distrital Imaza", consta de dos páginas en las que los dirigentes Simón Weepiu Bijuch, secretario de defensa legal del "Comité de Lucha Distrital de Imaza", Enrique Majantai Kufa, Rodolfo Antamain Umtsue y Gumercinda Duire Suinguinua, junto con el mayor PNP Wellington Gómez, se comprometieron a convivir en paz en una de las zonas en conflicto, tomada por los nativos durante el paro amazónico. El detalle revela el nivel de tensión que allí se vivía, el mismo que fue heredado por el comandante Miguel Montenegro y los 37 agentes que relevaron al mayor Gómez y a sus hombres el 31 de mayo. De todo esto estaban informados el jefe de la IV Dirección Territorial Policial (IV DIRTEPOL), general Javier Uribe Altamirano, el jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), general Luis Mugurusa. ¿Cabanillas también lo sabía?

Pacto comprometedor. En el punto 2 se indica textualmente: "El personal de la Dinoes, acantonado en esta Estación 6 de Petroperú, se compromete a no efectuar disparos, no atentar contra la integridad de los nativos que se encuentran en pie de lucha". En el siguiente punto se señala: "Ambas partes se comprometen a vigilar y evitar futuras provocaciones de agresión mutua".
Al principio del texto los firmantes "dejan constancia" de que los líderes mencionados son representantes de las cuencas de la provincia de Bagua y Condorcanqui. También refieren que un día antes (12 de mayo) se trasladó a la zona -vía helicópteros de la Fuerza Aérea- un lote de víveres así como "al reemplazo del médico, vigilante y cocinero" instalados en el lugar. Incluso los huelguistas tratan de imponerse argumentando que "para próximos traslados de víveres en helicópteros a la Estación 6 (Zona de Vivienda) se comunique a la comisión presente para que observe los víveres trasladados".

Con la moral baja. Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) confirmaron a este diario que en la PNP se sabía que el inicio del operativo del 5 de junio en Bagua iba a poner en riesgo a sus colegas apostados en la Estación Nº 6, ubicada a 10 minutos de distancia. Una fuente contó que el planeamiento estuvo a cargo del coronel Humberto Lúcar, pero que la decisión final la dieron los generales Uribe y Mugurusa.

Lo extraño es que según nuestras fuentes, el 29 de mayo una comisión policial en la que estuvo el mismo coronel Lúcar se trasladó hasta la Estación Nº 6 de Petroperú, donde habrían reconfirmado las condiciones en que se encontraban los 38 policías. "Resulta inexplicable que se haya efectuado ese operativo sin considerarlos", aseguró la fuente. Correo también recogió testimonios de las esposas de dos suboficiales que lograron escapar de los indígenas enardecidos. Ambas aseguran que allí se vivía una tensa calma, lo que se tornó dramático cuando al promediar el mediodía del 5 de junio los nativos se enteraron por "radio La Voz" que tres indígenas habían sido asesinados en la Curva del Diablo". Allí empezó el previsible ajusticiamiento de 11 de los 38 oficiales de la base petrolera.

Denuncia fiscal incluye a Pizango

El dirigente de Aidesep, Alberto Pizango, fue incluido en la denuncia penal por el caso del secuestro y homicidio de los 11 policías que resguardaban la Estación N° 6 de Petroperú.
La acusación fue formalizada ayer por el fiscal Raúl Rivas, titular de la Primera Fiscalía Mixta de Bagua.

Fuentes de Correo precisaron que Pizango fue denunciado por haber instigado a un grupo de pobladores a iniciar una escalada de acciones, como disturbios y toma de locales, que terminaron con el asesinato de los efectivos policiales. En esa misma acusación fiscal figuran otras 20 personas, entre nativos y sus dirigentes, considerados autores materiales de los delitos. Por su parte, la fiscal Olga Bobadilla, de la Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba, a cargo de investigar los sucesos ocurridos durante la operación policial de desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde, ayer denunció a 38 personas.En este caso, se realizaron hasta tres diligencias en los alrededores de la zona llamada Curva del diablo, donde se enfrentaron los nativos con los policías, para verificar la supuesta existencia de entierros clandestinos o fosas comunes, pero esto fue descartado. En Lima, Pizango tiene cuatro denuncias en su contra que están en proceso de indagación en diferentes fiscalías de la capital. (Óscar Libón)